La legalidad de los bitcoins, y por lo tanto, del proceso denominado “minería” es sumamente subjetivo alrededor del mundo. Mientras algunas superpotencias económicas y políticas del planeta como Estados Unidos y Reino Unido consideran de positivas la creación y utilización de criptomonedas, otros países no lo ven de la misma manera. China, Rusia, Suecia, Islandia, Ecuador y Tailandia se encuentran entre los diversos territorios que no permiten la comercialización de las unidades virtuales. ¿Razones? Varias, pero todo podría resumirse al temor de correr el riesgo donde su moneda oficial pierda valor ante las herramientas modernas.
Otras naciones como Canadá o Australia aún se debaten en definir las condiciones legales del oro virtual. El proteccionismo a los fondos locales es una de las principales razones, pero también hay otros casos, como el de Venezuela, donde el Gobierno creó su propia unidad llamada petro. El escenario en el país sudamericano, aquejado por una grave crisis económica desde hace algunos años, es de resaltar. A pesar de que nunca se prohibió formalmente la circulación y uso del bitcoin y sus variantes, sí se procesó a “criptomineros” por delitos como el robo de electricidad, lavado de capitales y fraudes informáticos, por lo que las personas dedicadas a esta actividad prefieren la clandestinidad.
Ironía china
El caso de China, el gigante asiático también resulta bastante peculiar, al igual que el venezolano. Se trata del mayor mercado en todo el mundo en lo que a bitcoins se refiere. Y es que, no es del todo ilegal, solo que está completamente prohibido a los bancos, debido a que el gobierno chino domina el 70 por ciento del Banco Popular, la gran autoridad central. Por lo tanto las entidades bancarias y sus empleados no pueden realizar ninguna operación en la industria bitcoin. Sin embargo, los ciudadanos comunes pueden realizar la actividad de la minería y el posterior comercio.
Ecuador desarrolla la suya
Las razones para prohibir la circulación de bitcoins por parte de Ecuador es un poco más entendible. El Estado ha informado que se encuentra trabajando en un sistema de dinero electrónico propio, el cual se espera esté en funcionamiento en poco tiempo. La limitación del bitcoin se traduce como una manera de proteger su propio proyecto. La llegada de una unidad completamente descentralizada con producción máxima hasta los 21 millones podría desviar el interés de los ciudadanos de la criptomoneda nacional.
